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"Reconstruir a México tras la pandemia: costos privados y bienes públicos". Entrevista con Rolando Cordera, Coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM.

Entrevisté a Rolando Cordera, Coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, para la revista Comercio Exterior del Bancomext (Nueva época, Número 23, julio - septiembre de 2020, pp. 22 - 25).


RECONSTRUIR A MÉXICO TRAS LA PANDEMIA: COSTOS PRIVADOS Y BIENES PÚBLICOS

Por César Guerrero Arellano

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Entre las vicisitudes de una crisis sin parangón en la historia contemporánea, el doctor Rolando Cordera identifica una ventana de oportunidad para construir un Estado que, mediante un rediseño institucional en materia fiscal y presupuestal, sea capaz de proveer los bienes públicos que precisa el bienestar social. En lo inmediato, plantea recurrir a un plan de inversión público-privado para proteger al empleo, retomar una política industrial que integre la economía doméstica con las fortalezas de la economía de exportación y aglutinar voluntades en torno a un plan que promueva decididamente el desarrollo de infraestructura y de las capacidades productivas.


¿En qué se distingue la crisis ocasionada por la pandemia de la covid-19 de otros episodios históricos adversos?

Es diferente a todas las crisis conocidas en el mundo porque surgió, hay que subrayarlo, de la necesidad de restringir las actividades productivas en muchas ramas, sectores y empresas con el propósito de enfrentar los rasgos más agresivos y letales de la emergencia sanitaria. Eso desató la caída económica general y, me temo, también de las empresas llamadas “esenciales” que, si bien siguen operando, experimentan una recesión abierta o están cerca de enfrentarla. En el caso específico de la economía mexicana avivó, además, las tendencias recesivas que se advertían desde 2019.


¿Cómo se han comportado los sectores de la economía durante la desmovilización? ¿Cuáles han sido los más vulnerables y por qué?

Muchos hemos manifestado nuestro temor por el destino de un número muy considerable de empresarios y de trabajadores. ¿Cuánto tiempo más de inactividad podrán resistir? ¿Cuántas empresas podrán mantener su nómina o pagar sus cuotas obrero-patronales, sus créditos e impuestos? Muy pocas, dicen los organismos obrero-patronales.

La investigadora Norma Samaniego identifica un hecho muy grave y preocupante. En esta ocasión el empleo informal no está amortiguando la caída del empleo formal como sí lo hizo, en cierta manera, en crisis anteriores. La cifra de 12 millones de mexicanos fuera del mercado de trabajo que publicó el INEGI, más allá de su precisión, nos da noción de la magnitud. La circunstancia que vivimos es, por lo tanto, extraordinaria y prácticamente inédita, y así deben ser las acciones para enfrentarla.


Usted y otros especialistas alertaron de la magnitud del desafío en una carta dirigida al presidente de la República. ¿Qué tipo de medidas inéditas tienen en mente para enfrentar la coyuntura? ¿Qué fortalezas tiene la economía para respaldarlas?

Se dice que la apertura comercial produjo desindustrialización, pero el hecho es que nuestra planta industrial es más grande ahora y, una parte, tiene altos niveles de productividad y de innovación. Bien o mal integrada con el resto del tejido industrial del país, debemos aprovecharla. También debemos hacerlo con los desarrollos del noroeste que nos convirtieron en grandes exportadores de productos agrícolas, al grado de que la balanza comercial agropecuaria es ahora superavitaria. No es poca cosa. Hay que reconocer, sin embargo, que la agroindustria floreció sobre un sedimento de enorme injusticia y explotación, y que la industria nueva aún se beneficia de las viejas pautas de organización del trabajo y de las relaciones obrero-patronales. Pese a las pasmosas ganancias de productividad, la distribución del producto entre sus actores es prácticamente la misma en la moderna industria exportadora que en la del Valle de México. La industria moderna no necesita esos niveles de malos salarios, pero aprovecha la ausencia de mecanismos eficaces de representación sindical.

 

¿Las medidas incorporadas al T-MEC pueden contribuir a mejorar el panorama laboral del país?

¡Pero claro! Los sindicalistas reales, que son muy pocos, deberían aprovechar eso y potenciarlo. La Unión Nacional de Trabajadores y el Sindicato de Telefonistas intentaron hacerlo con el tratado previo, pero no los dejaron avanzar. Un poquito de lucha de clases no nos caería mal. Creo que la exigencia de Estados Unidos y de Canadá de que se “normalicen” la relaciones obrero-patronales en México es correcta. Claro que a muchos empresarios los pone en desventaja, pero si quieren ganar aquí, hay que distribuir de otra manera y evitar disfraces. Ojalá que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tome nota de que, sin manos ni dientes, no podrá promoverse este cambio.

El Estado debe contar con este tipo de instrumentos. Son muy antiguos, pero importantes, hay que actualizarlos. Hace años un muy buen economista estadounidense, Michael J. Piore, incluso propuso impulsar la política industrial mexicana mediante inspectores laborales. Lo desconozco en este gobierno, pero en los anteriores su número fue vergonzoso y más lo fue su manera de actuar. Ese tema es muy importante y hay que hacer labor casi pedagógica para evitar que provoque fugas de capitales y huelgas de inversión. No tiene por qué ser así, hasta ahora no hay ninguna intención expropiadora discernible. El T-MEC nos va a obligar a replantear las relaciones laborales del país.


¿Qué tipo de respaldo deberían recibir las empresas mexicanas, dado que el 95% de ellas son micro, con menos de diez empleados, y ocupan el 40% de la fuerza laboral?

Tenemos una economía desarticulada, lo que Aníbal Pinto bautizó como la “heterogeneidad estructural”. Eso no lo hemos superado, ni con la apertura comercial ni con el TLCAN. Tenemos aún varios mundos que a veces confluyen, pero no se integran. Por ejemplo, en los alrededores de la magna planta de Audi en Puebla, The Economist observó que su influencia “no derrama”. Hay un problema serio que se resolvería con una política industrial en el sentido amplio del término y con la intervención pública en materia de protección social.

Hay que apoyar a la pequeña y mediana empresa con financiamiento. El gobierno rechazó medidas de emergencia que le propusimos para atender a las empresas en esta coyuntura, particularmente a la pequeña. Entre otras, posponer sin condonar el pago de impuestos, aplazar las cuotas obrero-patronales y, en esta última medida, mantener abierta la opción de las condonaciones en caso de ser necesaria. No es una ocurrencia, se está haciendo en buena parte del mundo. Sería un buen punto de partida para que la banca de desarrollo reasumiera su papel de agente de la modernización del país e instrumento de una política industrial renovada: rehabilitando empresas, apoyando su modernización y fortaleciendo las competencias de los trabajadores.


¿Qué papel tendrá el comercio exterior en la recuperación de la economía nacional?

Romano Prodi, famoso político europeo, dijo que no hay éxito exportador que dure si no hay una estructura industrial debajo que lo aproveche, ni una política industrial. Quienes han estado al frente de los gobiernos en los lustros más recientes creyeron que con la apertura del mercado y la entrada masiva de capital internacional nos volveríamos buenos y competitivos. No fue así. Solo en una franja muy limitada del tejido productivo del país es competitiva. La prueba de ácido es que no se produjo el crecimiento que se había prometido. Ya son muchos años de que la economía no levanta el pico.


En la misiva que dirigieron al titular del Ejecutivo hablan de la necesidad de “actuar con rapidez y contundencia”, ¿en qué sustentan este señalamiento?

Cada día que pasa es uno menos, no uno más. Asumamos que las primeras semanas del confinamiento la mayoría de las empresas, industrias y actividades consideradas no esenciales lograron mantenerse a flote. Aceptemos también la posibilidad, cada vez más cercana, de que no puedan resistir en estas condiciones mucho tiempo más, que recorten su plantilla de trabajadores o de plano cierren. De ahí la urgencia de defender al empleo y a las empresas que proveen la mayor cantidad de puestos de trabajo. “En aras de un bien público que se llama salud”, dijo José I. Casar, “obligamos a un contingente social muy grande a incurrir en costos privados que no estaban previstos”. Es de elemental justicia compensar la falta de empleo y de ingresos.

Confieso que el factor tiempo es algo que me desborda. En un entorno tan complejo no creo que las empresas medianas, pequeñas y micro la estén pasando bien. La gente ya debe estar molesta y apretándose demasiado el cinturón. No es lo mismo confinarse en una casa con jardín que hacerlo en otra con una recámara donde viven cinco, tenemos en el país un serio problema de hacinamiento. Esto puede repercutir en las relaciones sociales. Compensaciones para adultos mayores, becas para jóvenes o para sembrar vidas, no compensarán este hueco que se creó. Hay que actuar más allá de eso y muy pronto.


¿Qué papel deberían desempeñar los gobiernos para impulsar un desarrollo más armónico e incluyente?

Para afrontar los peores efectos de la pandemia en el empleo y dadas las circunstancias, reanudar el diálogo con el sector privado debería ser el punto de partida. Acordar un programa nacional de inversiones que involucre y comprometa al Estado. Sentar las bases para un sistema real de planeación económica y social a mediano y largo plazos. Lo menos que podemos hacer es construir escenarios posibles, revivir la planeación, esa palabra absurdamente olvidada o prohibida y uno de los mecanismos elementales de la acción pública. Pero debe hacerse en serio, con el apoyo de especialistas y técnicos, y la mayor participación social que sea posible encauzar y ordenar. Entrarle, además, a la acre discusión sobre el modelo más conveniente para financiar esta cruzada nacional.

En cuanto al sistema público de salud, se ha señalado la larga etapa de desatención y omisiones a la que fue sometido, la búsqueda de atajos como el Seguro Popular y ahora de soluciones como el Insabi. Creo que hay consenso en la necesidad de fortalecer el nivel primario de atención, donde se han encontrado los mayores y más graves olvidos y rezagos. Ese paso debemos darlo con los médicos, epidemiólogos y sabios que aún tenemos.


Dado el envejecimiento de la población, ¿existen condiciones para retomar el Estado de bienestar e implantar modelos de previsión social con cobertura universal?

En el primer renglón de la orden del día de la larga transición democrática, se apuntaba la necesidad de emprender una gran reforma administrativa y del Estado en términos más amplios. Es algo que no hemos hecho y no podemos seguir aplazándola si realmente queremos construir un Estado democrático y constitucional, como dicen los teóricos. En un país como este, ese Estado también debe ser social: uno que, tomando en cuenta las circunstancias del siglo XXI, reivindique aquella consigna clásica sobre el estado de bienestar para los ciudadanos del Reino Unido, acuñada por Lord Beveridge: dar protección “de la cuna a la tumba”. Eso implica revisar, a fondo y sin precipitaciones, la estructura y organización del Estado, con el objetivo de reconstruirlo con esa misión.


Desde su perspectiva, ¿qué modelos tributarios permitirían esta reingeniería institucional?

La reforma a fondo del Estado no estaría completa sin una reforma hacendaria que revise nuestra vergonzosa pauta impositiva, impresentable internacionalmente, y sin que mejoren las prácticas para definir el presupuesto y ejercerlo, carentes de cuidado técnico, de responsabilidad pública y de rendición de cuentas. Del otro lado está la penuria fiscal del Estado. Para dotarnos de infraestructura, primero la resolvimos con deuda y después con petróleo, que ya se acabó. En México y el mundo hay mucho dinero y muy barato, así que permanece la posibilidad del endeudamiento. En la banca de desarrollo, en las Secretarías de Hacienda o de Comunicaciones y Transportes hay una memoria y una consciencia que debemos aprovechar para crear empresas, proyectos e infraestructura. Solo que el presidente ha convertido al endeudamiento en un fetiche, no entiendo por qué.

No deben sacrificarse actividades en aras de no endeudarnos. Casi diría que eso no tiene parangón, pues ante una situación de penuria extrema se recurre al endeudamiento, un instrumento de la política económica tan viejo como las monarquías absolutas. Depende de cómo se organice la democracia para que los gobernantes no desvíen los recursos en su beneficio. Bien empleado, rendirá frutos que se concretarán en el ritmo de crecimiento económico y tan solo por esa vía aumentará el fondo fiscal. En el caso de un país hay que pensar en esos términos. Pero recurrir a este mecanismo sin enfrentar la penuria fiscal del Estado eventualmente será un problema. Por eso hay que arreglar nuestro vergonzoso sistema tributario, contar con impuestos progresivos en el ingreso, revisar el predial y explorar otros gravámenes, como a herencias y legados, e incluso discutir si queremos o no gravar la riqueza, que después de todo también es un producto social. Deberíamos llegar a un acuerdo, no para que los ricos se despojen de su riqueza, sino para que paguen impuestos por ese privilegio que les ha dado la sociedad.


¿Cómo asegurar la más amplia rentabilidad social de las ayudas públicas y evitar que exacerben desequilibrios e inequidades preexistentes?

Debemos fortalecer nuestros mecanismos de seguimiento y de rendición de cuentas en los diferentes órdenes de gobierno para no incurrir en un gasto regresivo o en dispendios. Se ha hecho mucho para crear mecanismos de auditoría, de monitoreo y de control en los gobiernos estatales con el apoyo de la Auditoría Superior de la Federación, pero avanzaremos poco si persisten congresos locales muy débiles, institucional y políticamente hablando. Esto sí es un problema político que trasciende el escritorio, pues requiere un tipo de conciencia que no se ha creado: que esos recursos son de los ciudadanos. Nos hemos ido por el despecho. Cuando uno plantea más impuestos, incluso a gente ilustrada de la empresa, la respuesta típica es “¿Por qué? ¡Si se los van a robar!”. Es una excusa vergonzosa, ¿de qué ciudadanía estamos hablando?


¿A quiénes corresponde encabezar los esfuerzos mundiales para la recuperación económica? ¿Cómo podría mejorar la respuesta de las instituciones multilaterales?

Es muy difícil responder de manera concreta y específica, pues la crisis que se está viviendo no solo es inédita, ocurre además en una circunstancia social y económica que no se había vivido en prácticamente dos siglos. Podemos decir, no para consolarnos sino para reconocernos, que no estábamos preparados. Eso no implica echar por la borda lo que tenemos. Hay que fortalecer a las Naciones Unidas y a los mecanismos multilaterales que, a pesar de ser deficientes, tienen capital humano, conocimiento y experiencia como pocos grupos en el mundo. Ese talento hay que volcarlo a enfrentar los rasgos más agresivos y duros de la caída económica y, al mismo tiempo, a revisar insoslayablemente nuestros sistemas de protección social y, dentro de estos, nuestros sistemas de salud pública.

Creo que la Organización Mundial de la Salud debe realizar sus funciones con la mira puesta en el mediano plazo y en un entorno menos hostil del que la hemos sometido, en particular el señor Trump. Aglutinar esfuerzo en torno a un objetivo aceptado universalmente: remontar este pantano gigantesco en el que la naturaleza nos metió y hacerlo como una sociedad internacional que asume el principio maestro de la interdependencia y que aspira a construir un sistema público eficiente, oportuno, productor de bienes públicos, particularmente de los vinculados a la salud de todos. Será un error, puede que rotundo, si no emprendemos en serio esta construcción, porque nadie asegura que derrotaremos al coronavirus del todo. Mientras no exista una vacuna y medicamentos bien probados, habremos de vivir con él e incorporar nuevos hábitos. Esto solo se puede lograr con un sentido real de comunidad, obviamente moderna, poniendo a su servicio las enormes destrezas y capacidades tecnológicas que es capaz de desplegar. Nos costará trabajo y exigirá mucha paciencia, pero creo que es posible./



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